Porque, ¿de qué sirve que cualquiera pueda utilizar una biblioteca pública si está instalada al final de una autopista de peaje?
Cabe pensar que, eventualmente, Internet será gratis: cuando en las ciudades se extiendan los puntos WiFi públicos y la gente empiece a dejar de ver la necesidad de pagar por conectarse. Una consecuencia sería la desaparición de los lobbies de las telecos que se benefician de la piratería para conseguir clientes y vender contratos más caros. Para un ayuntamiento, que tiene que cobrar impuestos para mantener la red WiFi, lo deseable es que la red se use de forma eficiente, y el P2P desde luego no es la forma ideal de usar una red WiFi (ni la batería de tu portátil).
Si «capar» el P2P se convierte en una necesidad estructural básica para permitir el acceso gratuito, la única forma real de ponerle coto sería ofrecer un sistema alternativo. Los ayuntamientos deberían entonces dar acceso ilimitado a bibliotecas públicas en las que se llevase un control preciso del número de descargas, y se pagase a los creadores de forma proporcional a través del presupuesto público. En la actualidad, la mayor parte de los internautas está pagando un «impuesto» mensual de 20-50€ a las empresas de telecomunicaciones por acceder a la red. Suponiendo que en España haya tres millones de contratos, eso supondría mil doscientos millones de euros al año. Si ese dinero fuera a la administración pública (a razón de 30€ de impuestos por ciudadano y año), con él se podría cubrir el acceso abierto a la red, a toda la cultura universal, y financiar al mismo tiempo la cultura y el software de código abierto.
Si eso fuera cierto, entonces las energías que se dedican a defender el P2P se deberían estar dirigiendo contra las telecos, las mismas que llevan a juicio a las administraciones públicas por instalar puntos WiFi gratuitos. No va a haber ninguna clase de «libertad», «independencia» o «igualdad» en la red mientras esté controlada por el sector privado y haya que pagar una tarifa fija (no social) por acceder a ella.
La situación actual se puede ver como si todas las calles y carreteras fueran propiedad de una empresa de peaje y la gente sólo protestara porque intentan impedirles que se lleven gratis los refrescos y la comida de las gasolineras. Teniendo en cuenta hasta qué punto la red se ha convertido en una infraestructura vital, es incomprensible que haya más gente rasgándose las vestiduras por tener que pagar 99 céntimos por un MP3 o un eBook que por pagar 400€ al año a una empresa que no va a invertir ni un céntimo en abaratar la cultura, promocionar el software abierto ni, desde luego, financiar escuelas y universidades públicas.
Así que, cada vez que alguien mencione el acceso ilimitado a la cultura digital, respondedle: «primero la red».
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